Fuente: Expansion.com

El ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido que recurrir a más iniciativa privada de la prevista para afrontar con garantías el recorte de gasto que ha sufrido su Ministerio.

Así, ampliará su plan extraordinario de obras público-privadas de 15.000 a 17.000 millones, según adelantaron a EXPANSIÓN fuentes cercanas a Fomento. Se trata de una noticia crucial para las constructoras y concesionarias, ya que suplirá la reducción de obras públicas que supondrá la exigencia gubernamental de ahorro.

Además, Economía y Hacienda está de acuerdo en la parte técnica del plan, y a día de hoy daría su visto bueno al modelo de pago por disponibilidad de las obras, aseguran las mismas fuentes. Desde Fomento también lo dan por hecho, aunque con prudencia.

Blanco capeará así una importante merma de su presupuesto inversor. De los 3.500 millones de ahorro que ha exigido el Gobierno de forma directa a los ministerios, Fomento pierde más de la mitad: 1.760 millones. El ministro se puso enseguida manos a la obra, y anunció un plan de austeridad que reduce salarios, elimina altos cargos y propone la fusión de empresas públicas de Fomento. En este último punto todas las miradas van hacia Ineco-Tifsa como primera opción.

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Balón de oxígeno

Fuentes de Fomento señalaron que “con la suma de la ampliación del plan extraordinario y con el ahorro previsto por el Ministerio, cubriremos los 1.760 millones que se nos piden”. Es decir, lo que perderán por un lado lo tratarán de ganar por otro.

Los 2.000 millones adicionales del plan de obras privadas son un balón de oxígeno muy importante para el sector constructor, ya que fuera del paraguas de la Administración arrecia la sequía financiera. Las infraestructuras se licitarán en modelo concesional, sufragadas según su disponibilidad.

La inversión pura y dura en obra nueva ascenderá a 8.500 millones de euros, si se mantiene la regla del 50% fijada antes de la ampliación. La otra mitad del plan se empleará en los pagos a las empresas por la explotación y el mantenimiento de las infraestructuras. Tal como se ha articulado este modelo de pago, Fomento asegura que esquiva el déficit, como adelantó este diario el 2 de noviembre de 2009.

Eso significa, según los expertos, que se impondrán sanciones contundentes a quienes incumplan las condiciones pactadas. Algo fundamental para que Hacienda dé su visto bueno al plan. La presentación de este importante esfuerzo público-privado estaba prevista para finales de 2009, pero se pospuso hasta el primer trimestre de 2010. Blanco quiere dar el pistoletazo de salida entre el lunes 22 y el viernes 26 de marzo, según fuentes cercanas a Fomento.

Déficit

El plan se centrará sobre todo en el ferrocarril. El promotor del AVE, Adif, acaparará la mitad de la inversión en obra nueva, según fuentes empresariales. Es decir, unos 4.250 millones, si se mantienen los parámetros anteriores a la ampliación del plan. La otra mitad se destinará fundamentalmente a transporte ferroviario de mercancías, a las Cercanías y a carreteras. Blanco también ha citado la conexión entre puertos y red ferroviaria, enlaces entre el transporte de mercancías en tren con centros logísticos, o las plataformas Bus Vao, pero no ha revelado la letra pequeña.

Los estibadores anuncian huelgas por la Ley de Puertos

El acuerdo del PP y el PSOE sobre el Proyecto de Ley de Puertos es para los socialistas “una buena noticia para la economía española”, para CiU supone “la centralización y burocratización de los puertos” y para los estibadores motivo de conflictos si no hay cambios en el texto. Ayer, un día después de finalizar el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que agrupa a los estibadores de toda España, anunció conflictos si no hay cambios al Proyecto consensuado por los dos partidos mayoritarios del Congreso.

En una reunión en Santa Cruz de Tenerife, el responsable de la coordinadora, Antolín Goya, declaró a Efe que la reforma de la Ley es un Expediente de Regulación de Empleo encubierto y que si sale adelante habrá conflictos. También el portavoz de CiU en la Fomento, Pere Macías, señaló a EXPANSIÓN que el PSOE “se ha plegado al PP” al pactar 430 enmiendas con los populares, junto a los que quiere “cargarse la estiba”.

Además, si la ley se aprueba así, acabará “con la autonomía portuaria”, señaló Macías. CiU, que ha presentado 150 enmiendas parciales, sólo admite un trato diferenciado para los puertos de Baleares y de Canarias, por su insularidad. Y el portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, recordó que más del 50% de las exportaciones españolas y el 80% de las importaciones se llevan a cabo en los puertos.