Fuente: Veintepies

El plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Puertos se alarga, como mínimo, hasta el próximo 9 de febrero

Fuentes cercanas a la negociación afirman que se mantienen los plazos para que el texto pueda aprobarse antes de que finalice el quinto período de sesiones, que finaliza el 24 de junio

El plazo de presentación de enmiendas a la nueva Ley de Puertos se ha ampliado, como mínimo, una semana más. Según ha podido confirmar Valencia Marítima con varias fuentes implicadas de forma directa en la negociación, habrá tiempo, por lo menos, hasta el 9 de febrero, aunque es muy posible que pudiera alargarse hasta el día 16.

A pesar de todo, estas mismas fuentes no muestran excesiva preocupación ante este nuevo retraso, ya que entienden que “era algo que se esperaba” y que entraría dentro de “los planes iniciales”. De hecho, y según los cálculos que han hecho tanto PSOE como PP, podría llegarse al final del segundo período de sesiones del Congreso (que abarca del 9 de febrero al 24 de junio) con un texto que pudiera aprobarse de manera definitiva.

La ampliación de plazos va a permitir que PSOE y PP cuenten con más tiempo para conseguir un mayor consenso tanto con el resto de fuerzas políticas como con los agentes implicados en las negociaciones. A pesar de que las dos principales partidos políticos tienen sellado un acuerdo que garantiza la aprobación de la Ley, el objetivo de ambos, tal y como han reiterado en varias ocasiones Rafael Simancas y Andrés Ayala, es conseguir que se sumen el mayor número de formaciones políticas y organizaciones empresariales y sindicales.

Difícil objetivo

Sin embargo, este ambicioso objetivo no parece que pueda cumplirse, sobre todo a corto plazo. Los partidos nacionalistas ya dejaron claro en su momento que no apoyarían una ley que no contemplara la descentralización de la gestión de los puertos o, en su defecto, que las comunidades autónomas pudieran tener una mayor influencia en la gestión portuaria.

Por otro lado, la alusión a “entidades de estiba de carácter privado” hace muy complicado que otros partidos de izquierda y sindicatos como UGT y CCOO apoyen lo que a su juicio es una “privatización de uno de los servicios básicos en los puertos españoles”.