Fuente:Veintepies

PSOE y PP confirman al secretario general de Coordinadora, Antolín Goya, que el papel que jugarán las Autoridades Portuarias en las futuras entidades de estiba será el de garantizar el servicio público y evitar posiciones dominantes, “nunca el de gestionar las agrupaciones ni intervenir en los acuerdos entre empresas y trabajadores”

La reunión del pasado martes entre el secretario general de Coordinadora, Antolín Goya, y los portavoces de PSOE y PP en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Rafael Simancas y Andrés Ayala, respectivamente, ha servido para resolver muchas de las dudas con las que el sindicato afrontaba la tramitación de la nueva Ley de Puertos.

Según el borrador presentado por OPPE en primera instancia, y después del acuerdo alcanzado por PSOE y PP para sacar adelante la ley, a Coordinadora no le quedaba claro el papel que jugaban las Autoridades Portuarias (y por extensión OPPE y el Ministerio de Fomento) en las entidades de estiba resultado de la nueva normativa, y el poder de decisión e influencia con el que contarían. Según PSOE y PP, este asunto estaría resuelto en el sentido en que la gestión y el poder de decisión de dichas entidades estará en manos de las empresas que prestan el servicio en los puertos. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios están buscando fórmulas legales en las que las que, a pesar de que las AAPP no sean accionistas (también queda confirmado el carácter privado de dichas entidades), sí podría tener el deber de garantizar la estiba y desestiba como servicio público, y velar porque no hubieran posiciones de dominio y competencia desleal. Unas fórmulas legales que todavía están por desvelar.

Lo que sí parece que también se resuelve, y eso es una de las cosas que Coordinadora ha recibido “muy positivamente”, es que las Autoridades Portuarias no podrán intervenir en los acuerdos que empresas y estibadores lleguen en cada puerto.

El secretario general de Coordinadora, Antolín Goya, también confirmó que se mantendrá el sistema único de la estiba (algo que ya se sabía tras el acuerdo entre PSOE y PP) y que el carácter de las nuevas sociedades de estiba será privado, aunque “aún está por definir la denominación final”. Además, otros de los ‘huesos’ con los que Coordinadora asistía a las negociaciones era el de las terminales dedicadas y la formación, “aspectos por los que no tendremos que preocuparnos”, afirmó Goya.

Una más que posible ampliación de plazos

El próximo 2 de febrero finaliza el plazo para la presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 48/2003. O eso, al menos, es lo que indica la agenda del Congreso de los Diputados. Sin embargo, viendo el historial de ampliación de plazos que ha llevado el proyecto y la intención del PSOE y PP en buscar un mayor consenso con el resto de agentes del sector y fuerzas políticas, todo parece indicar que el próximo martes no será el último día para presentar nuevas propuestas.

Tanto PSOE como PP dejaron claro el pasado 2 de diciembre y en la reunión de ayer que el objetivo es buscar una ley estable, que perdura en el tiempo y que pueda salvar los cambios de Gobierno. Para ello, “es necesario seguir con los encuentros entre el resto de fuerzas políticas y actores que componen la familia portuaria y logística”, según fuentes del Grupo Socialista consultadas por Valencia Marítima. Esto deja la puerta abierta a ampliar plazos.