Fuente: veintepies

Antolín Goya se reúne con Rafael Simancas y Andrés Ayala y les arranca el compromiso de conseguir el mayor acuerdo para obtener una Ley de Puertos “lo más estable posible”

El secretario general de Coordinadora, Antolín Goya, y los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas y Andrés Ayala, respectivamente, mantenían en el día de ayer un encuentro para analizar la situación por la que pasa la renovación de la actual Ley de Puertos.

Según fuentes de Coordinadora, ambos representantes políticos adquirieron un doble compromiso, cimentado en adquirir el mayor consenso posible tanto con el sector como con el resto de fuerzas parlamentarias y en remitir el texto definitivo al sindicato una vez se haya logrado dicho consenso. Y es que el sindicato mayoritario de la estiba en España quiere dejar claro cuanto antes varios aspectos que se recojen en el Proyecto de Ley que ahora está en el Congreso de los Diputados.

Papel de las AAPP

El primero y más importante de ellos es el papel que jugarían las Autoridades Portuarias en el nuevo modelo de estiba. PSOE y PP se muestran partidarios de un modelo único gestionado por sociedades mercantiles privadas, esto es, las actuales APIEs. Sin embargo, ambos grupos han dejado abierta la puerta para que las AAPP jueguen un papel de supervisión, cosa que desde el sindicato no se rechace siempre y cuando dicho rol no signifique una intromisión entre los acuerdos alcanzados entre empresas y trabajadores. De hecho, hay que recordar las palabras que el mismo Antolín Goya pronunció en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados del pasado 2 de diciembre: “(...) Se debe posibilitar la negociación colectiva sectorial. Esa flexibilidad de la que veníamos hablando es precisamente la capacidad que tenemos que tener los operadores, los estibadores portuarios y las navieras de adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades que ellos nos plantean. Eso no puede ser tal y como está planteado en el proyecto de ley actual. Es una aberración constitucional, desde nuestro punto de vista, que la Administración pública se quiera reservar por ley el 50% de una mesa de negociación en la que no pone un duro”.

Además de esto, quedarían aspectos como la formación y su gestión, la autoprestación o las terminales dedicadas, temas en los que desde el sindicato consideran que hay que profundizar más.