Fuente: El Vigía

Los partidos nacionalistas catalán y vasco, y el compuesto por ERC, IU e ICV piden mayor diálogo a los grupos mayoritarios

La novedad es que no hay ninguna novedad. Los grupos popular y socialista del Congreso de los Diputados tienen cerrado, desde hace semanas, el acuerdo para sacar adelante la nueva Ley de Puertos, aún sin plazos y con perspectiva de nueva prórroga en el debate –previsto para el 2 de febrero– de las enmiendas parciales.

Mientras, por el momento, hay cierto enfado entre los grupos minoritarios de la Cámara Baja, porque desde ninguno de los grandes partidos se han acercado para conciliar posturas en un nuevo  marco legal que quiere buscar el mayor consenso para tener una legislación duradera.

Una de las voces más críticas ha llegado desde el PNV, que dicen no entender la actuación de PP y PSOE en el sentido que “tienen la fea costumbre de pactar entre ellos sin contar con el resto del arco parlamentario y venir a posteriori a nosotros para que firmemos su propuesta sin dar cabida a otras iniciativas. No aceptamos esta fórmula”. De hecho “estamos preparando enmiendas parciales –referidas sobre todo a los puertos vascos– pero, a día de hoy no se sabe cuando serán debatidas o si se volverán a ampliar los plazos”.

Por su parte, desde el grupo parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV reconocieron el contacto de su portavoz, Joan  Herrera, con miembros del PSOE, pero “no se ha concretado nada”.

En cualquier caso, desde Iniciativa pretenden presentar las enmiendas parciales, que estén basadas en  la descentralización del sistema portuario. En este sentido, fuentes del grupo catalán explicaron que “la gestión de los puertos es una materia que por su propia naturaleza territorial requiere de una mayor participación de las Comunidades Autónomas. Dado que no parece que el Estado tenga previsto transferir las competencias portuarias a las comunidades autónomas vía articulo 150.2 de la Constitución,  consideramos que es imprescindible que el proyecto cree y defina los mecanismos formales de participación de las CC.AA. en la toma de decisiones en el régimen económico y la prestación de servicios en los puertos de interés general”.

Por otro lado, según ICV, en el Proyecto de Ley “los derechos laborables y seguridad no quedan cubiertos”. Respecto a las tarifas, “también detectamos un alto grado de concentración, ya que la excesiva fiscalización de Puertos del Estado no permite que las infraestructuras portuarias den respuestas ágiles y atractivas a las necesidades del sector”.

CiU pedirá una reunión al PSOE

Por su parte, desde CiU, el diputado Pere Macias, portavoz del grupo nacionalista en la comisión de Fomento, explicó a El Vigía que, de momento “no hemos recibido noticias de PSOE o PP, no obstante, si durante esta semana no podemos mantener una reunión, hablaremos con el grupo socialista, como partido en el Gobierno”.

Según Macias, “de momento nosotros tenemos preparadas enmiendas parciales al texto presentado, sin embargo, éstas deberán ser modificadas en tanto en cuanto existe la posibilidad que sean cambiadas en un acuerdo entre socialistas y populares”.

El diputado catalán explicó la posibilidad de que se amplíe la fecha de presentación de enmiendas “hasta que ellos no lleguen a un acuerdo”.

“De momento –apuntó Macias– parece que existe un problema de carácter legal en las sociedades de estiba, ya que pretenden que puedan tener entrada en ellas las autoridades portuarias, y este hecho implica alguna dificultad técnica respecto a la formación de la sociedad mercantil como tal, que están mirando de solucionar sus equipos jurídicos”. El portavoz nacionalista también explicó que había algún punto conflictivo respecto a la aplicación de un nuevo sistema de tarifas en los puertos.

Por lo pronto, algunas voces apuntan a que el grupo popular está detrás de la idea de  repetir una Ley de Puertos centralizada, siguiendo el actual modelo de gestión portuaria, y sin dejar que las autonomías entren y, por el momento, este es otro de los temas de debate con el grupo socialista. La actitud del PP sería, en cualquier caso, previsible, ya que estos aspectos forman parte del programa económico del partido.